El Gobierno de Canarias podrá conceder permiso provisional para operar a una compañía marítima en una determinada línea en el caso de que una isla quede incomunicada por mar.
Esta posibilidad está incluida en una modificación de la Ley de Transporte Marítimo promovida en el Parlamento regional por Coalición Canaria y que fue admitida ayer a trámite por el pleno de la Cámara, con el beneplácito del Gobierno canario y la abstención del PSOE, que apoyó el contenido pero mostró dudas sobre la viabilidad jurídica de la iniciativa.
La diputada de CC Belén Allende, que defendió la propuesta, explicó que se trata de evitar que si un armador que cubre una línea de servicio público deja de operar, ese servicio quede sin ser prestado mientras se vuelve a convocar y adjudicar el contrato.
En ese caso, el Gobierno de Canarias podrá otorgar una autorización provisional con compensación económica al armador o armadores que estén dispuestos a prestar el servicio entre tanto se resuelve el concurso.
Según Allende, se trata de "dar cobertura legal a situaciones excepcionales de incomunicación", que pueden afectar sobre todo a islas como El Hierro, La Graciosa o recientemente a La Gomera en el trayecto de Valle Gran Rey a Los Cristianos (Tenerife).
El diputado del PSOE Julio Cruz se mostró de acuerdo con la intención de la propuesta, pero advirtió de que es preciso que la redacción final del cambio legal sea muy meticulosa para evitar posibles contradicciones con las disposiciones europeas, por lo que pidió que se recabe un informe del Consejo Consultivo durante el trámite parlamentario.
La modificación en la actual normativa viene a dar solución a problemas de las denominadas islas pequeñas, en las que las compañías marítimas tienen dificultades para que las líneas resulten rentables económicamente.
En la actualidad, existen las denominadas líneas de servicio público de obligado cumplimiento, que son las fundamentales para garantizar la comunicación entre los diferentes territorios insulares. Cuando estás líneas no son cubiertas por alguna compañía marítima, el Gobierno canario debe sacar a concurso público la misma, pues dispone de subvenciones propias para que no queden sin servicio.
LA OPINIÓN-EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE
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